La reforma pendent de l'FP

Falta una autoridad que lidere detectar las necesidades formativas, planificar toda la oferta y evaluar su calidad. La actual crisis de empleo que vive Catalunya, y que sufre especialmente la población joven, parece haber despertado en el Govern de nuestro país un renovado interés por la formación profesional.  Òscar Valiente, investigador de l'FP. LA VANGUARDIA. 03/11/2014

La última iniciativa del Govern de la Generalitat en esta línea ha sido la aprobación del proyecto de ley de la Formación Profesional que tiene como objetivo integrar los servicios de formación, información, orientación y reconocimiento de la experiencia laboral en un Sistema Integrado de Calificación y Formación Profesional de Catalunya. La integración de la formación desde una perspectiva a lo largo de la vida tendría que ser hoy una prioridad para cualquier autoridad educativa.

En Catalunya seguimos sufriendo una oferta fragmentada de la formación profesional entre una formación inicial dirigida principalmente a la población joven -dependiente del Departament d'Ensenyament- y una formación para el empleo dirigida principalmente a la población adulta - dependiente del Departament d'Empresa i Ocupació-. Hoy en día las pautas de demanda de formación de la sociedad catalana ya han dejado obsoletas las barreras burocráticas entre la oferta formativa para jóvenes y para adultos. Los informes de la Fundación Jaume Bofill sobre formación profesional muestran que los estudios profesionales iniciales son los que más han crecido en la última década en Catalunya en gran parte debido a la reincorporación de la población adulta en paro al sistema de formación inicial. Actualmente en los centros de formación profesional inicial convive el alumnado proveniente de la educación secundaria con una población adulta con experiencia en el mercado laboral y que requiere de un reconocimiento de sus competencias profesionales para facilitar su acceso a una calificación.

La principal dificultad para dar respuesta a esta realidad emergente no radica tanto en la falta de recursos y en la pobre financiación, sino en la resistencia de las estructuras de poder de los departamentos implicados para ceder parte de sus competencias y dar lugar, tal como sucede en otros países de la OCDE, a una autoridad participada por la sociedad que lidere la detección de necesidades formativas, la planificación de toda la oferta y la evaluación de su calidad. La apuesta de nuestras autoridades en esta ley por la integración de la formación profesional bajo una perspectiva a lo largo de la vida ha sido más retórica que real. Parece que hemos perdido una nueva oportunidad para sacar adelante las reformas pendientes.

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