La llei 18/2015, de 9 de juliol, modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilizació de la informació del sector públic, i entre d’altres la DT7ena de la LRSAL

La llei 18/2015, de 9 de juliol, modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilizació de la informació del sector públic, i entre d’altres la DT7ena de la LRSAL.  Adapta el Dret de l’Estat Espanyol a les últimes directives  sobre reutilització de la informació del sector públic. I ha estat publicada en el BOE Núm.164 de 10 de juliol.

Aquesta llei

  • Conté diferents definicions conceptuals:

      La reutilització de la informació: "Se entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder de las Administraciones y organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública. Queda excluido de este concepto el intercambio de documentos entre Administraciones y organismos del sector público en el ejercicio de las funciones públicas que tengan atribuidas" 

     Què s’ha d’entendre per: “Datos abiertos” ;“Documento”; “Formato legible por màquina”;”Formato abierto”;”Norma formal abierta”;“Universidad”

  • Fomenta la reutilizació per mitjans electrònics
  • Prohibeix els drets exclusius
  • Permet la tarifació pel subministrament de documentació en termes generals
  • I  estableix  alguns règims específics com els que afecten al personal de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

Pel que fa a l’àmbit local, modifica la Disposició Transitòria Setena de la “Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”(LRSAL) en els següents termes

"En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes...."

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